Las empresas no han cumplido el acuerdo para adaptar las unidades a ese sector de la población.
Las cinco empresas concesionarias del transporte público en el municipio de Benito Juárez han incumplido con la presentación del plan de inversión y de implementación para adaptar, al menos al 10% de las unidades, a las necesidades de las personas con discapacidad.
Eric Maffassanti, jefe de Asuntos Interinstitucionales para la Dirección para la Inclusión de Personas con Discapacidad en el municipio, señaló que en las seis mesas de trabajo que se realizaron durante el año con las empresas, se estableció que estos planes debían ser presentados en diciembre, pero a 11 días de que finalice el mes, no han llegado dichos planes.
“Desafortunadamente, después de haber llevado seis mesas de trabajo con las concesionarias, no hemos tenido de su parte el plan de inversión, ni el plan de implementación de estas unidades adaptadas.
Estamos viendo de qué manera podemos pues hacer que cumplan lo que les establece su concesión, que es el 10%, y pues recordar que conforme el reglamento de transporte y viabilidad, tienen hasta julio del 2023 para contar ya con esas unidades”, sostuvo.
Dijo que debido a esta situación, han comenzado a enviar oficios a las distintas autoridades involucradas para que esta obligación, establecida tanto en el reglamento de transporte como en los contratos de concesión, no se postergue y que, a partir del próximo año, al menos el 10% de todas las unidades de transporte público en el municipio cuenten con adaptaciones para brindar el servicio a personas con alguna discapacidad.
“Se supone que ya tendrían los planes, pero no los tienen. Nosotros comprendemos que también es una inversión importante la que tienen que hacer en estas unidades, y lo que estamos pidiendo, pues es que empiecen por algo”, agregó.
Indicó que si bien la intención era la de implementar nuevas unidades, el costo en el que están cotizadas (entre 3 y 4 millones de pesos por unidad), se determinó adaptarlas como se hace en otras ciudades, como Mérida, Monterrey o la Ciudad de México, en el que la inversión se reduce a casi 200 mil pesos por vehículo.
Reconoció que después de las seis mesas de trabajo, optaron que ese método no estaba funcionando, por lo que analizan otras rutas para que las concesionarias implementen las adecuaciones establecidas en el reglamento y en los contratos de concesión, aunque descartó que se hará por la vía legal, por la duración de los procesos.
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