En relación con la determinación de conceder amparo y protección emitida por Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo respecto al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún, municipio de Benito Juárez, que ha sido notificada al Ayuntamiento de Benito Juárez, esta autoridad municipal aclara que dicha sentencia no se encuentra firme y como consecuencia no afecta a los proyectos federales y estatales que se encuentran en actual ejecución, ya que la finalidad de la misma es reponer el procedimiento para que se emita el referido programa cumpliendo con diversos requerimientos, por lo que se permite continúe aplicándose el referido Programa.
El PDU está legalmente sustentado y fue aprobado por el Cabildo de Benito Juárez en 2022, no hay omisión ni se faltó a ninguna disposición legal existente, el proceso de integración del PDU fue abierto a expertos y a personas interesadas en consulta pública.
Es un documento sustentado, que cumplió las disposiciones legales, por lo que este Ayuntamiento presentará un recurso de revisión ante la autoridad judicial que analizará el caso para aclarar dicho proceso, mientras tanto es el documento legal vigente que rige el desarrollo de Cancún en la actualidad.
Somos respetuosos y reconocemos el derecho de la ciudadanía a presentar sus controversias contra la acción de la autoridad pues eso es condición de la democracia, sin embargo, como órgano colegiado, el Cabildo tiene la certeza de que el procedimiento para integrar el Programa de Desarrollo Urbano se apegó a lo establece la ley y las prácticas democráticas de participación ciudadana, por lo que en el ejercicio democrático del Estado de Derecho, se informa que este municipio presentará los recursos y acciones legales correspondientes, ya que se considera que el PDU cumple a cabalidad con la normativa local y federal, así como que su emisión fue apegada a los estándares adecuados para su vigencia y ejecución.
El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Cancún, Municipio de Benito Juárez, es un instrumento legal que está vigente. En consecuencia, los proyectos y desarrollos que se encuentran en ejecución autorizados en base a este documento legal, no son afectados por la resolución de un juzgado federal relacionada con la suspensión de amparo.
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