El expresidente de Perú, Pedro Castillo, detenido en prisión provisional tras haber hecho lo que muchos acusaron de ser un golpe de estado, presentó una solicitud oficial de asilo en México. El país está consultando el Gobierno peruano. El ex jefe de Estado sigue siendo procesado por “rebelión” y “conspiración”.

Este jueves, el ministro mexicano de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que Pedro Castillo había ratificado ante el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, una solicitud de asilo al Gobierno mexicano.

“El Embajador Pablo Monroy me reporta desde Lima que pudo entrevistarse a las 13.20 horas con Pedro Castillo en el Centro Penitenciario. Lo encontró bien físicamente y en compañía de su abogado”, escribió Ebrard.

“Hemos procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas. Les mantendré informados”, prosiguió

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también reveló este jueves que Castillo llamó por teléfono para pedir asilo a la Embajada de México de Perú.

“Habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la Embajada, que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la Embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono”, dijo López Obrador, añadiendo, “pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías y ciudadanos, rodearon la embajada. Y él ni si quiera pudo salir, lo detuvieron de inmediato”.

Acusación de golpe de estado fracasado

Este miércoles, Perú vivió escenas excepcionales que acabaron con el mandato de Pedro Castillo.

Poco antes de que el Congreso debatiera su destitución, Castillo denunció lo que calificó de “ataque sin cuartel” por parte del parlamento y anunció su disolución así que un toque de queda, y dijo que gobernaría por decreto.

Esto fue interpretado como un intento de golpe de estado por parte de los políticos, incluso los de su partido, y los diputados lo destituyeron por incapacidad moral.

La que era su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió este miércoles la presidencia del país.

Detenido por 7 días

Sin apoyo del ejército, Castillo fue detenido y trasladado a un penal de Lima, donde el juez supremo peruano Juan Carlos Checkley ordenó este jueves siete días de detención preliminar.

“Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, dispone siete días de detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración)”, anunció el Poder Judicial en su cuenta oficial de Twitter.

Durante la audiencia, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán aseguró que “queda evidente la alta probabilidad de fuga” del expresidente e indicó que su detención es “necesaria” para asegurar los actos de investigación.

Huamán acusó a Castillo de haber pretendido cambiar el modelo de Estado de derecho establecido en la Constitución, de manera ilegal y dolosa. Por su parte, Castillo denuncia lo que considera “un acto político”.

“Las declaraciones de mi patrocinado en su mensaje no configuran el delito de rebelión (…) ¿Cómo puede una persona querer fugarse cuando no ha cometido los presuntos delitos que le están imputando?”, señaló su abogado Víctor Pérez.

México apoya a Castillo 

López Obrador dijo que “no sabe” si continuarán las buenas relaciones con el nuevo Gobierno de Perú, pero descartó un rompimiento. También retrasó de unos días el reconocimiento oficial de Dina Boluarte como nueva presidenta.

“Eso lo va a resolver la Secretaría de Relaciones Exteriores, ellos están haciendo sus análisis sobre la situación, hay que esperar un tiempo, está muy fresco todo, sí nos tenemos que apegar a los principios constitucionales, de no intervención”, declaró el mandatario mexicano en su rueda de prensa diaria.

El mandatario mexicano también reclamó que se respeten los derechos humanos de Castillo, que se actúe de acuerdo con la legalidad y se proteja a su familia.

Aunque México acepte su demanda de asilo, las autoridades judiciales de Perú también tendrían que aprobarla para que Castillo se pueda ir, algo poco probable en el escenario actual.

Los cargos de rebelión y conspiración se suman a las otras seis investigaciones por corrupción o tráfico de influencias contra Pedro Castillo.

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