En medio de la difusión de audios sobre presuntas actividades ilegales en las que estaría involucrado el líder priista, Morena pidió quitarle la presidencia de una comisión legislativa.
El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, inició su gira en el extranjero para denunciar una presunta persecución en su contra del gobierno federal y del de Campeche, al mismo tiempo que Morena oficializó su solicitud para quitarle privilegios como diputado.
Moreno Cárdenas fue denunciado por la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, por presunto enriquecimiento ilícito, y hoy en su programa “Martes del Jaguar”, que emite en redes, dará a conocer, por sexta ocasión, audios que demostrarían más supuestas actividades ilegales.
Hasta ahora los audios, de acuerdo a Sansores, mostrarían operaciones de lavado de dinero, triangulación de recursos, presiones a empresarios para reunir dinero para campañas, y delitos electorales como uso de dinero privado en campañas, entre otros.
Es por la denuncia de la mandataria que ayer la Fiscalía de Justicia de Campeche realizó un cateo en su residencia, ubicada en una exclusiva zona del estado, el fraccionamiento Lomas del Castillo, cerca de la zona costera.
Además, el líder priista enfrenta 4 quejas en el Instituto Nacional Electoral (INE) por presunto uso de recursos ilícitos (privados) en las elecciones locales de Campeche de 2021.
Moreno anunció ayer que denunciará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por supuesta persecución política, y hoy ya está fuera del país para llevar a cabo esa estrategia de defensa.
Se acumula disputa jurídica
Hoy la bancada de Morena en la Cámara de Diputados abrió otro frente, pues la diputada Andrea Chávez, vocera del grupo parlamentario, solicitó al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara, Rubén Moreira Valdéz -también priísta-, proceda a la “suspensión” de Moreno Cárdenas como presidente de la Comisión de Gobernación y Población.
A juicio de la legisladora, dado que enfrenta acusaciones penales, está impedido para tener contacto con autoridades de ramo –como serían las electorales, políticas, de seguridad pública, gobiernos, entre otras- con las que interactúa en su calidad de presidente de la Comisión de Gobernación.
En esa calidad “tiene la facultad de mantener interlocución con autoridades de los tres poderes de gobierno, además de que su trabajo implica la constante intervención en los asuntos públicos, y tener a su disposición información relevante con las diferentes autoridades con las que tiene contacto, a pesar de que existen impedimentos legales para esta interacción”, sostuvo la diputada.
Chávez reconoció que el priista no es parte de la Administración Pública, pero “su calidad de servidor público es innegable” por lo que ante el “vacío” en el Código de Ética y el Reglamento de la Cámara de Diputados debe aplicarse de forma supletoria la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De acuerdo a ella, el caso de Moreno “es un caso de conflicto de interés” por lo que solicitó como medida cautelar la suspensión provisional –como la que aplica a un funcionario sujeto a investigación- a Moreno y mientras duren las indagatorias, “a fin de evitar que el servidor público abuse de su autoridad, intente obstaculizar o influir en la investigación o cause daños irreparables a la Hacienda Pública Federal”.
Incurre en conflicto de Interés “al continuar ocupando tal cargo, a pesar de que actualmente existen investigaciones penales y administrativas en su contra, hechos que a su vez le imposibilitan su trabajo como Presidente de dicha Comisión, pues no debería tener interlocución alguna con las autoridades que lo están investigando”, expuso en su escrito.
Y existen actualmente en su contra investigaciones pendientes derivadas de procedimientos penales y administrativos ante la Fiscalía General de Campeche y el INE, explicó la morenista.
En su escrito la legisladora admitió que como diputado Moreno Cárdenas goza de inmunidad procesal (fuero) y sólo podría perderlo conforme a la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
Pidió por eso aplicar una disposición no prevista, la de “eliminar ese privilegio” de presidir una Comisión en vista de que podría incurrir en conflicto de interés.
Aunque esa pérdida parcial de derechos de un legislador no está en la ley, aseguró “nada impide que respecto al cargo que ocupa como Presidente de la Comisión de Gobernación y Población, esta soberanía actúe para eliminar este privilegio”.
“Es a todas luces improcedente solicitar la suspensión, remoción o destitución de dicho cargo, pues para eso existe el procedimiento especial” que es el desafuero, pero la solicitud de suspensión como presidente de Comisión “debería ser valorada con los parámetros que se señalan en la ley de responsabilidades y la jurisprudencia, que permiten la suspensión de los servidores públicos investigados”, pidió.
La Comisión debería ser presidida por alguien que no se encuentre bajo un conflicto de interés por estar sujeto a procedimientos como los que hoy enfrenta Moreno, “si no se procede (…) estaríamos violentando los principios del Código de Ética y la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, agregó.
Dejarlo en el cargo “implica aumentar el riesgo de que a través de su actual responsabilidad tenga la intención de obstaculizar las investigaciones en su contra, además de que frena la conducción transparente y eficiente de la Comisión de Gobernación”, según la morenista.
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