🔸 La batalla legal de una mujer alemana contra el gigante tecnológico podría redefinir el “derecho al olvido” y la responsabilidad de los motores de búsqueda, obligándolos a eliminar de forma proactiva el contenido robado y difundido sin consentimiento.
#INTERNACIONAL | Una mujer alemana inició una batalla legal contra Google para exigir que el gigante tecnológico elimine de sus resultados de búsqueda fotos íntimas que le fueron robadas y difundidas en sitios pornográficos. El caso, que se tramita en Irlanda, podría marcar un precedente clave sobre el alcance de las obligaciones de los motores de búsqueda en materia de protección de datos y privacidad.
La víctima, que en los documentos judiciales aparece bajo el seudónimo de Laura para preservar su identidad, descubrió en 2023 que imágenes privadas de ella y su pareja, junto con una copia de su documento de identidad, habían sido filtradas y estaban disponibles en internet. El contenido se encuentra en más de 2.000 direcciones URL y puede hallarse fácilmente a través de la herramienta de búsqueda de imágenes de Google.
“Me sentí violada”, declaró en diálogo con la revista Der Spiegel. El episodio le cambió la vida: se mudó de ciudad, renunció a su trabajo y actualmente sufre un trastorno de estrés postraumático.
Laura cuenta con la asistencia de HateAid, una organización sin fines de lucro que respalda a víctimas de violencia digital. La entidad asumió los costos y riesgos del litigio. “Muy pocas personas podrían enfrentarse a una empresa como Google con sus propios medios”, señaló a DW la directora ejecutiva de HateAid, Josephine Ballon.
La organización además lanzó la campaña Nuestros desnudos no son asunto tuyo, con la que busca visibilizar el problema de la violencia sexualizada a través de imágenes y el rol que desempeñan las grandes plataformas al mantener accesible ese contenido.
El caso reabre la discusión sobre el “derecho al olvido”, reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2014, que permite solicitar la eliminación de información personal en determinadas condiciones.
“De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, el control del uso de los propios datos debe seguir estando en manos de los usuarios”, explicó Marit Hansen, responsable de protección de datos del estado federado de Schleswig-Holstein. Sin embargo, aclaró que el desafío es definir el alcance de esa obligación en casos de imágenes manipuladas o deepfakes.
Hansen indicó que, técnicamente, es posible filtrar copias exactas de las fotos, pero la tarea se complica cuando estas son recortadas, alteradas o recreadas mediante inteligencia artificial.
El caso de Laura se suma a otros episodios de filtración de imágenes privadas, como el ataque masivo de 2014 que afectó a estrellas de Hollywood, o la proliferación de deepfakes sexuales de figuras públicas como Taylor Swift o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
“Esto puede pasarle a cualquiera”, advierte Ballon, quien insiste en que sin una obligación clara para Google y otros motores de búsqueda, las víctimas quedan condenadas a rastrear permanentemente sus fotos y pedir una y otra vez que sean eliminadas. “Es una carga psicológica insoportable que no debería existir”, sostuvo.
El fallo que surja de este caso podría sentar jurisprudencia en Europa sobre la responsabilidad de los gigantes digitales en la protección de datos y la lucha contra la violencia sexualizada en línea.